Por Candelaria Espinoza
La provincia patagónica enfrenta una seria crisis económica y fiscal. Para salir de ella, el Gobernador busca habilitar a la minería, a pesar de haber sido rechazada por la ciudadanía en un plebiscito. En este post, se analiza el dilema que enfrenta Chubut.
Antecedentes
Chubut fue la primera provincia que rechazó la minería a cielo abierto en Argentina. Esto sucedió en 2003, a través de un plebiscito en el que los habitantes de Esquel, emitieron su negativa a la instalación de una mina de oro por parte de la empresa Meridian Gold. Producto de ello la ley provincial 5001 (2003), prohíbe la explotación minera a cielo abierto y la utilización de cianuro en la producción minera.
Actualidad
En 2020, el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, presentó un proyecto de ley llamado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”. Esta legislación presenta modificaciones sobre la ley provincial 5001, la cual prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto. Básicamente, el proyecto propone una zonificación minera, focalizada en los departamentos de Telsen y Gastre, donde se podría desarrollarse la actividad. Se justifica en la crisis que provocó el despoblamiento ovino.
En líneas generales, la ley busca asegurar:
1. La contratación de un 80% de la fuerza de trabajo en la provincia, por parte de las empresas.
2. El incremento de los controles de la regulación hídrica.
3. La destinación de un 2% de las regalías a los sindicatos.
Este proyecto ya cuenta en su tratamiento con 2 sesiones extraordinarias fallidas, sospechas por presuntas coimas y acciones de lobby para lograr su aprobación. También se desataron numerosas manifestaciones en contra y se entremezcla con la puja política que mira hacia el 2023 (elecciones generales).
Los potenciales resultados
El espacio por explotar -en caso de aprobarse esta ley de zonificación minera- fue adquirido por la minera Pan American Silver hace 11 años. El llamado “proyecto Navidad” es una de las reservas de plata más grandes del planeta, con una potencial vida útil de entre 14 y 18 años. Este yacimiento cuenta con 632 millones de onzas de plata en recursos medidos y 119 millones de onzas en recursos inferidos. En caso de la aprobación de la ley, otras empresas mineras podrían verse motivadas a explorar la meseta chubutense. Además de la cuantiosa reserva de plata, el yacimiento tiene la ventaja de encontrarse próximo a las rutas provinciales lo que facilitaría su transporte.
Se estima que el proyecto minero demandará una inversión de 1.250 millones de dólares; que van desde la construcción del proyecto hasta su mantenimiento durante la explotación.
Por otra parte, se calcula que se generarían aprox. 350 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones, lo cual representa un 12% de la totalidad de las exportaciones mineras de Argentina. Según el Consejo Federal de Minería (que apoya al proyecto de ley del Gobernador de Chubut), un 70% de lo producido quedará en manos de la provincia; ya sea en forma de impuestos, salarios, proveedores e infraestructura.
La consideración ambiental
Los problemas hídricos que afectan a la provincia, sumados a la falta de gestión ambiental y los escenarios futuros de crisis climática, son los argumentos principales de los opositores al proyecto. La Mesa Técnica de investigadores del Centro Nacional Patagónico (organismo dependiente del Conicet), emitió un informe en el que desaconsejan dicho proyecto. Argumentan la falta de agua en ciertas zonas de la provincia y pesimistas proyecciones sobre el proceso de desertificación. El Río Chubut -uno de los de menor caudal de toda la Patagonia- abastece a más de 50% de la población y es utilizado para la producción agropecuaria de la zona del valle. Asimismo, está prevista una reducción del caudal en las próximas décadas.
Otro punto en cuestionamiento, son los acuíferos subterráneos que podrían contaminarse como producto de la actividad minera. Aquellos que están a favor del proyecto, desestimaron estos puntos, alegando el desarrollo de una cuenca endorreica por parte de la empresa Pan American Silver. Esta construcción permitiría proteger el recurso natural, dado que el agua que corre por el terreno de la mina, no tendría salida hacia otra cuenca fluvial.
Conclusiones
El problema en sí no es la minería, sino las instituciones y la falta de controles en torno a esta actividad. Desde ya, es notoria la falta de intención del Estado en estudiar las reservas de manera independiente, debido a que la minera ya realizó una cuantificación. Asimismo, hay datos escasos sobre la planificación de la inversión y el desarrollo de la crisis climática. En caso de aprobarse la legislación, el Instituto Provincial del Agua reconoció que no poseen el personal, ni los fondos para la fiscalización los recursos hídricos.
